Por: Sergio Hernández Chalarca, Especialista en marketing estratégico y Copywriter profesional para agencias de publicidad, marketing y relaciones públicas
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un documento aprobado en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Expresa en forma literal un propósito que parece loable en una primera mirada: “establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años”. Sin embargo, sus críticos hablan de ambiguedades y artículos poco claros que hoy fundamentan las políticas públicas en varias naciones del continente americano.
Nuestra postura es personal y no compromete la posición de este portal. Hablamos de ambigüedades porque varios artículos atentan contra la soberanía, el desarrollo, los valores y el ordenamiento social que muchas naciones han construido durante décadas. La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que orientan su implementación a mediano plazo.
El documento comienza por establecer las prioridades de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su postulado 1 (Fortalecer la arquitectura institucional regional) así: “El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible aprovechará los mandatos y plataformas existentes, evitando las duplicaciones y la creación de estructuras adicionales”.
Lo anterior es una contradicción en la práctica, porque varios gobiernos firmantes del documento, en especial de tendencia socialista, han creado departamentos, ministerios y oficinas en su estructura orgánica en atención a las exigencias de la Agenda 2030, con el evidente impacto negativo en su sostenibilidad fiscal y el aumento de su deuda pública. Se percibe como incoherente el aumento del tamaño de los gobiernos para responder a los retos del desarrollo sostenible.
Enfoque anti hidrocarburos
Cuando leemos el postulado 2 ´Potenciar el análisis de los medios de implementación
de la Agenda 2030 a nivel regional´, nos hablan de “(…) avanzar en una senda de crecimiento bajo en carbono mediante un gran impulso ambiental (…)”. Lo anterior da cuenta de un enfoque anti hidrocarburos y similares, pero no tiene en cuenta que el requerimiento debe orientarse a las naciones mayormente contaminantes y que disponen de recursos para un desarrollo investigativo real en economía circular y energías limpias para la movilidad y la producción industrial.
Habría que aclarar que la diversificación de la matriz energética, otro gran componente del desarrollo sostenible, implica el aprovechamiento de las capacidades propias de cada nación y el músculo financiero disponible no es el mismo en todas las jurisdicciones.
La generación de energía precisamente es esencial para la actividad productiva y los asentamientos humanos. Muchos países por ejemplo, resuelven el problema energético con una mezcla de centrales hidroeléctricas, instalaciones solares, plantas nucleares y parques eólicos.
Estudios recientes implementados en la UE indican que en un sistema multidimensional de generación de energía, las renovables son las que menos consistencia y estabilidad ofrecen frente a los sistemas de centrales hidroeléctricas y nucleares. Las renovables no son la respuesta definitiva aún y es un tema en investigación que demanda cuantiosos recursos.
Este mismo postulado plantea “(…) el alivio de la deuda en el Caribe, el combate a los flujos ilícitos y la reducción de la evasión y elusión fiscales (…)”. Sin embargo, la Agenda omite la implementación de un sistema de auditoría al gasto público en aquellos países exonerados parcialmente en su deuda, ni especifica exigencias para el combate de los ´flujos ilícitos´ como el tráfico de narcóticos, por ejemplo, delito que no es combatido por varios gobiernos de corte socialista en la región. En México, Colombia y Argentina; por ejemplo, hay un aumento en sus índices de criminalidad y a sus economías ingresan flujos de dinero ilícito sin declarar.
Desarrollo y género
Cuando efectuamos una mirada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, detectamos criterios transversales como el fin de la pobreza en una clara conexión con los temas de género. El numeral 1.b, por ejemplo, nos habla de “Proporción de los gastos públicos periódicos y de capital que se dedica a sectores que benefician de forma desproporcionada a las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables”.
Ahí surge nuestra inquietud. No entendemos por qué se ubica a las mujeres como un grupo vulnerable de la sociedad en tanto la mayoría de ordenamientos jurídicos indican que ambos géneros ostentan los mismos derechos y deberes ante la ley.
El mismo enfoque lo dictamina el numeral 2 “Hambre cero” que exige “ (…) duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores”. Lo anterior nos lleva a que los varones con capacidad productiva sean excluidos de este postulado “hambre cero” … ¿Por qué razón? ¿No es tal vez más injusto privar de ingresos a varones de los cuales depende todo un núcleo familiar? ¿Por qué se concibe a las mujeres como productores de alimentos en pequeña escala?.
En suma, cuando analizamos el alcance del documento y su línea de tiempo, parece un panorama retador para los gobiernos porque nos quedan seis años para cumplir las metas. Recientemente el presidente de Argentina Javier Milei expresó que no acogería la Agenda 2030 y se prevee que próximas administraciones de la región tomarían el mismo camino.
y luego