Por: Jota Ce Ce
EL DILUVIO QUE VIENE, ¿QUIÉN TIRA LA LÍNEA?
Ya virtualmente ubicada en el trono no le queda de otra a Claudia la Calca más que atestiguar como Andrés I termina su sexenio lanzando las supuestas últimas tarascadas a las que eventualmente el poder le da derecho. Ahora, a su habitual incontinencia verbal acompaña un vertiginoso andar que se anticipa, será aún más dañino que lo habitual.
Los mercados financieros tiemblan ante el anuncio hecho de que viene la reforma al poder judicial, Claudia parece pedir paciencia pero Andrés es el apurado, su empeño visceral por destartalar el régimen institucional es mucho, sus ansias de destrucción de uno de los tres poderes de la República caen en una urgencia a la que no puede ni podrá poner freno la presidenta entrante. A él le debe el puesto
Y lo anterior lleva a otra pregunta, ¿a quién responderán el Congreso que se anticipa será sumiso al régimen en los próximos años? ¿A quién habrán de obedecer en su encargo?
Porque decir que las Cámaras de Diputados y de Senadores “son de Claudia” no se apegan enteramente a la realidad, por más que aparente ser borregos de la misma manada. Recordemos que junto con la candidatura, Andrés la dictó a Claudia quiénes serían sus líderes camerales, quienes deberían ser los pastores de ambos rebaños y a ellos se debe preguntar a quienes deben su lealtad. ‘¿Al que dice que ya se va o a la que llega?
En las formas, Sheinbaum inicia al estilo Peje, queque levantando una encuesta para ver qué opina el pueblo “bueno y sabio” acerca del poder judicial, de si está de acuerdo con la reforma, como si de antemano no se supiera el resultado que se obtendrá para así tener la coartada casi perfecta: “el pueblo decidió”. Pero eso sí, el ardid se enmascara con la promesa de un parlamento abierto que servirá para disfrazar el proceso bajo el término de diálogo.
La sociedad, en su mayoría, queda en la ignorancia del impacto que tendría una reforma como la que impulsa tercamente Andrés; desconoce el quiebre institucional que representa y como se representa como la adjudicación de poder del Ejecutivo, suplantando en acciones y beneficios el acto en que pretender incurrirse.
La reforma no anuncia el costo económico que representa la reforma, el que se pretenda someter a votación prácticamente la elección de todos los jueces bajo la sempiterna infundada percepción (de Andrés) que hay corrupción. La fobia casi patológica del todavía presidente por el poder judicial se puede entender en una venganza (aunque diga que no es lo suyo) porque le tumbaron proyectos y planes.
Al costo económico hay que agregarle el costo social, la no necesaria explicación del peligro que se corre a que las eventuales elecciones sirvan parta que los poderes fácticos más nefastos del país se inmiscuyan y dicten, desde su influencia, la ampliación del círculo de impunidad que hoy corroe a México.
Y todo eso nos lleva al origen, ¿sabrán y entenderán los nuevos legisladores de la dimensión que adquiere su decisión, de la gravedad que entraña? ¿Acaso no s entiende que una eventual aprobación será nada más por darle gusto a quien dice que ya se va pero que nadie garantiza que lo haga?
Y ojo con lo que sucede con la economía, que los inversionistas quedan atentos a lo que suceda, una mala señal pondría en riesgo las finanzas nacionales aunque no se quiera reconocer. “Vengan a poner su dinero en un país en donde la ley se pase por el piso y la justicia se manipula desde un rancho en el sureste mexicano”.
Entonces, ¿quién lanzará la línea?
