Por David Cubides (@intelectualdederecha)
El régimen de corrupción en Colombia, que en su interior alberga contradicciones tan profundas como las que había en la Internacional Socialista, ahora intenta negar que lo sucedido el 7 de junio de 2025, en el parque “El Golfito” de Bogotá, corresponde con un crimen de connotaciones políticas.
Tal postura la asumieron por intermedio de su representante, Gustavo Petro, quien se pronunció a través de su cuenta de X, luego de que la Fiscalía revelara que hubo un fin político detrás del “intento de asesinato” a Miguel Uribe Turbay.
Link: https://x.com/petrogustavo/status/1935958073975226718
Sin embargo, el gobierno no está en posición de negar que tal suceso fue impulsado por un interés político. Esto no sólo porque Miguel Uribe Turbay es un senador que representa a ciertos sectores de la sociedad colombiana que no comparten las propuestas del Pacto Histórico, sino también porque durante muchos años ha sido blanco de ataques provenientes de influenciadores de izquierda —como Wally Opina— en redes sociales.
De hecho, el propio Gustavo Petro afirmó que el menor señalado por disparar en contra de la humanidad del mencionado congresista del uribismo formó parte del programa “Jóvenes en Paz” del gobierno nacional.
A pesar de que Miguel Uribe Turbay tiene pocas diferencias ideológicas con la izquierda que respalda a Gustavo Petro, los orcos petristas ven al uribismo como un enemigo político.
Aunque el susodicho defiende las políticas de asistencialismo, es denominado por la izquierda colombiana como el delfín de Álvaro Uribe y el heredero de la clase política tradicional que ha gobernado a Colombia durante más de doscientos años de vida republicana, sin mencionar que un miembro de la familia Turbay —Gabriel Turbay— fue uno de los fundadores del Partido Comunista Colombiano en 1930.
Pese a que su apoyo en las encuestas era muy bajo, en comparación con figuras emergentes como Vicky Dávila, según la secta progresista él era una amenaza para el proyecto de una “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que pacta con criminales bajo la careta del “perdón social” y le impide a la Fuerza Pública combatirlos adecuadamente.
Esta estrategia de manipulación usada por el gobierno no es autóctona, sino que proviene directamente del modelo de propaganda cubano, a su vez copiado del soviético, que se caracteriza por hacer ver como fascista de ultraderecha a todo el que no comparta los principios de la religión marxista, pese a que es bien sabido que el fascismo es completamente incompatible con los valores de Derecha, tal como lo afirmaba en su momento Stanley G. Payne. T
Tampoco es propia su política de paz total, que sigue la estrategia de debilitamiento de las Fuerzas Armadas planteada originariamente por el Foro de Sao Paulo desde 1993.
Ahora bien, que haya una estrategia de desprestigio por parte de los seguidores de Gustavo Petro en contra del uribismo, no borra de la realidad el hecho de que tanto el uribismo como el petrismo son funcionales a las actuales dinámicas de poder global, tal cual como si estas dos vertientes fuesen dos colores que integran la bandera LGTBI. Y ahí es cuando se logra entender correctamente la naturaleza del régimen político colombiano.
Cuando se pretende determinar cuáles son los intereses para los que opera el gobierno de Gustavo Petro, la cuestión no se detiene en Cuba. Los herederos de la Unión Soviética, la Federación Rusa, no han dejado de tener injerencia en América Latina.
La antigua alianza soviética con Cuba, de hecho, ha tenido cierta continuidad dentro de política exterior de Rusia, pues se sostiene con el fin de asistir económicamente a la Isla y expandir el rango de influencia del Kremlin en todo el continente americano.
Esto existe y se puede constatar desde el mismo instante en que comenzó a desmantelarse la URSS, precisamente con la cuestión de la Doctrina Primakov, que consiste en la oposición a un orden global liderado exclusivamente por Estados Unidos.
Hay suficientes razones para vincular la línea de acción política de Rusia en Colombia con los intereses de Gustavo Petro.
En el año 2019, con ocasión de las manifestaciones en rechazo al gobierno de Iván Duque, ya se sabía previamente −por advertencia de expertos como Jhon Marulanda− que era posible una infiltración de los rusos en los disturbios del país por medio estrategias de manipulación en redes sociales, algo que fue confirmado posteriormente a través de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado por el New York Times.
En el año 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expulsó a dos funcionarios rusos, Alexander Paristov y Alexander Belousov, señalados por cometer actos de espionaje en territorio nacional.
En el año 2021, la injerencia digital rusa se hizo notar en Twitter a través del hashtag #NosEstánMatando, en donde se publicaba información falsa para desprestigiar a la Fuerza Pública.
En el año 2022, se confirmó la participación de los rusos mediante la detención de Sergei Vagin y otros ciudadanos colombianos, quienes fueron acusados de recibir financiación extranjera y tener una organización criminal, con el propósito de dirigir acciones en contra de la Fuerza Pública.
En ese mismo año, de acuerdo con la investigación de Matt Thaibi y Juan Sebastián Delgado, también se supo de la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Gustavo Petro, la cual fue sustentada a partir de la filtración y desclasificación de datos provenientes del Kremlin. ¿A quién se pretendía beneficiar con todo eso? La respuesta es clara, evidente y contundente.
Hace rato Colombia viene siendo objeto de afectaciones a su soberanía nacional. La cuestión de la Guerra Híbrida de ahora no se diferencia mucho con la doctrina de Combinación de Todas las Formas de Lucha que defendió Lenin durante la Tercera Internacional en 1919: provienen del mismo país, usan la misma estrategia de desestabilización y buscan ayudar a la izquierda colombiana a tomarse el poder.
Lo único que cambian son los actores y los principios ideológicos, pero la agenda de dominio global ruso sigue intacta.
Lo realmente interesante, más allá de determinar quién haya sido el autor mediato del crimen, es que tales acontecimientos permiten explicar cómo opera la dialéctica de la víctima y el victimario y su función dentro del régimen de corrupción en Colombia.
Durante el gobierno de Iván Duque, apoyado por Álvaro Uribe, la izquierda se mostró a la opinión pública como víctima de un régimen violador de Derechos Humanos y enemigo de los jóvenes.
Ahora, con el caso de Miguel Uribe Turbay, esa misma izquierda se intenta legitimar como los guerreros del pueblo que combaten a una oposición que se dedica a hacer bloqueo institucional en contra del gobierno de Gustavo Petro, al mismo tiempo que el uribismo promueve la idea de que son una víctima buena del terrorismo.
La parte activa se vuelve pasiva y así sucesivamente cada cuatro años, en un juego siniestro al estilo de las mafias caracterizadas por un mismo modo de operar, que es el de creer que las urnas les da licencia de saquear el país y atentar contra las libertades individuales.
Todo con el fin de mantenerse en el poder, excluyendo a la disidencia política mediante el estigma, la cárcel o la muerte. Ese es el propósito de la dialéctica de la víctima y el victimario.
Colombia tiene que despertar del letargo, si quiere salir del círculo vicioso del uribismo (que está al servicio de los intereses del Pentágono) y el petrismo (que recibe colaboración del Kremlin), para así comenzar el camino hacia la prosperidad y la independencia.
y luego