Por Dr. Víctor Manuel Salas Castelan

Hoy me dirijo a usted, presidente Claudia Sheinbaum, y a todos los mexicanos que escuchan su discurso patriótico, ese que promete defender a la nación de las «amenazas extranjeras», especialmente de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien ha insinuado una posible intervención militar en México para combatir al crimen organizado. 

Bajo la bandera de la soberanía nacional, usted nos llama a cerrar filas contra un «enemigo externo», mientras que el verdadero enemigo sigue creciendo desde dentro, protegido, en parte, por las decisiones de su gobierno.

Hablemos claro: la amenaza que Trump representa es retórica, pero la amenaza que enfrentamos día a día en nuestras calles no lo es. El crimen organizado, declarado como un grupo terrorista por nuestros vecinos del norte, ha sembrado el terror en nuestro país durante décadas. 

Las comunidades viven secuestradas por la violencia, las extorsiones, los feminicidios, los desplazamientos y la impunidad. El problema no son las palabras de Trump; el problema es que esas palabras encuentran eco porque el Estado mexicano ha fracasado en proteger a su propia gente.

Señora presidente, declarar la guerra a Trump en nombre de la soberanía es fácil. Es el camino populista y cómodo, ese que genera aplausos en los mítines y fervor nacionalista en las redes sociales. Pero ¿y la guerra contra los verdaderos enemigos de México? ¿Dónde está su estrategia para recuperar nuestro territorio de manos de los cárteles? ¿Dónde está su compromiso con las víctimas del crimen organizado, con las familias que lloran a sus desaparecidos, con los niños que crecen en un país donde los criminales son los que mandan?

Porque, le pregunto, ¿qué clase de soberanía defendemos cuando gran parte del territorio nacional está en manos de grupos delictivos? ¿Qué significa hablar de soberanía cuando los mexicanos tienen más miedo a los sicarios que a los soldados extranjeros? Defender la soberanía, señora Sheinbaum, no es alzar la voz contra Estados Unidos. Es garantizar que México sea un país gobernado por las leyes, no por las armas ilegales y la corrupción.